ANPE Canarias ha llevado a cabo en este último trimestre del año una ronda de reuniones con los grupos políticos del Parlamento de Canarias con el fin de abordar el contenido de los presupuestos educativos para el ejercicio 2024 y la labor que a nuestro juicio puede ejercer la Cámara para la mejora de la enseñanza pública del Archipiélago.
Le hemos transmitido a los diferentes grupos la necesidad de que, a través del trámite de enmiendas, las próximas cuentas autonómicas se acerquen lo máximo posible al objetivo de dedicar al sistema educativo público el equivalente al 5% del producto interior bruto de las Islas, tal como marca la Ley Canaria de Educación.
Con arreglo a la ley, desde 2022 se debía haber llegado al umbral mínimo del 5% del PIB en inversión educativa, lo que quiere decir que en los dos últimos ejercicios se ha incumplido ese mandato, y, lamentablemente, se seguirá incumpliendo en 2024.
El anclaje al PIB es, en todo caso, un paso necesario, pero no basta, debido a que puede dar lugar a compromisos de inversión notablemente diferentes según las distintas previsiones de crecimiento económico que se manejen —como de hecho está sucediendo—, y a que una bajada coyuntural del indicador puede suponer el cumplimiento del precepto legal sin que se haya mejorado en términos reales la financiación. Por ello, hemos reclamado a los grupos políticos que defiendan también el establecimiento de un compromiso de inversión por alumno.
Es fundamental destinar más recursos a continuar la reducción de las ratios alumnado-docente para mejorar la atención a la diversidad y la calidad de la enseñanza. La disminución de alumnado que se está constatando en las primeras etapas a causa del descenso de la natalidad debe ser aprovechada para rebajar sustancialmente las ratios en esos niveles y, a partir de ahí, ir extendiendo la reducción a los cursos superiores.
En las reuniones hemos insistido también en que se salden diversos compromisos retributivos pendientes con el profesorado (pago de sexenios cuando se cumplan, actualización de complementos, cargos directivos, etc.) y en que se ponga en marcha por fin un plan de infraestructuras educativas realista, ajustado a las necesidades actuales y con garantías de ejecución.
De cualquier forma, los objetivos planteados por ANPE Canarias a los grupos parlamentarios no se han limitado a la cuestión presupuestaria. Existen múltiples asuntos que la Cámara puede promover a través de su acción legislativa y no legislativa que no implican coste económico para la Administración o que suponen un gasto mínimo, como el estudio de medidas para evitar que los obstáculos jurídicos impidan o retrasen la ejecución de obras necesarias en colegios e institutos, la mejor planificación del proceso de implantación del primer ciclo de infantil (0 a 3 años), el lanzamiento de campañas públicas para la puesta en valor de la profesión docente, la posibilidad de realizar reuniones online por parte del profesorado, la negociación de un Convenio Colectivo para el profesorado de Religión y las transferencias del profesorado de Infantil y Primaria.
El Parlamento puede y debe desempeñar también, y así lo hemos hecho saber, un papel importante en el impulso de medidas para avanzar hacia la estabilidad del personal docente interino más allá de los procedimientos de estabilización en marcha, para reducir el peso de las tareas burocráticas en la labor del profesorado y para mejorar la formación del colectivo docente adaptándola a la demanda existente.
Secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias
