Uso de los móviles en las aulas

En los últimos meses se ha intensificado en el ámbito educativo un debate que, sin duda, genera controversia, amplificada por los medios de comunicación. La conveniencia o no de la utilización por parte del alumnado de teléfonos móviles —e, incluso, de otros dispositivos electrónicos con pantalla— en los centros de enseñanza está en boca de todos.

Como en casi todas las discusiones en las que se dan posturas muy tajantes, es conveniente intentar tomar algo de distancia y dejarse guiar por el sentido común. Es evidente que, con carácter general, el uso de los móviles no es adecuado dentro del aula, porque dificulta la práctica docente.

De la misma forma que el alumnado no se puede comunicar oralmente entre sí cuando un profesor o una profesora está explicando algún tema en clase, tampoco se debe permitir en esas situaciones la comunicación a través de dispositivos móviles.

En consecuencia, parece lógico que se regule la utilización de los dispositivos, como de hecho se hace ya en muchos de los centros de las Islas.

Por otro lado, no podemos perder de vista que existen usos pedagógicos y, por tanto, positivos de los teléfonos móviles. Hay determinados proyectos o actividades incluidos en la propia programación de los centros en los que el móvil se emplea como una herramienta más de aprendizaje, siempre de forma guiada por el docente, como se hace con otros dispositivos digitales (tablets, por ejemplo).

Tomando esto en consideración, sería contraproducente irnos al extremo prohibiendo sin más y de forma terminante todo uso del teléfono móvil, incluido el pedagógico, que ya se está dando en muchos centros y que es beneficioso para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Lo más razonable, por tanto, sería establecer una regulación que limite el uso de los móviles y evite una utilización indiscriminada que pueda llegar a deteriorar la convivencia en los centros, pero que no suponga una prohibición total y absoluta que impida incluso su buen uso.

En este sentido, debería ser cada centro, a través de su consejo escolar, el que, en ejercicio de su autonomía, decida en último término si se permite o no la utilización de los dispositivos móviles en función de su programación didáctica. No parece adecuado ni justo que se coarte esa libertad y esa autonomía mediante una prohibición tajante desde el Gobierno.

Hay que tener en cuenta también que la comunicación a través de los teléfonos móviles es una realidad social muy asentada, y que no podemos demonizarla ni darle completamente la espalda. El ámbito educativo debe ir por delante de la sociedad, nunca por detrás.

Precisamente por esa razón, desde ANPE Canarias hemos lanzado desde hace años campañas para fomentar una utilización racional y responsable del teléfono móvil, bajo la premisa de que el sistema educativo debe contribuir a enseñar a manejar correctamente una herramienta que se utiliza en todos los ámbitos, incluido en el mundo laboral al que al alumnado se va a tener que enfrentar tarde o temprano.

En definitiva, abogar por la limitación, la regulación y el respeto a la autonomía de los centros parece la posición más sensata frente a posturas más drásticas que quizá no estén considerando todos los elementos que están en juego.