El profesorado de Canarias considera que la labor docente no está justamente reconocida por la sociedad y cree que la Administración podría hacer más para ponerla en valor. Estas son dos de las conclusiones que se desprenden de la encuesta de ANPE Canarias realizada recientemente entre el personal docente de las Islas y a la que han respondido más de 850 profesores y profesoras.
Cada vez es más habitual la generalización de prejuicios contra nuestra profesión, que en buena medida se deben al desconocimiento que existe sobre el trabajo que realizamos realmente y que va mucho más allá de las horas que pasamos en el aula impartiendo docencia: preparar las clases, corregir exámenes, atender a la diversidad del alumnado, realizar actividades para mejorar la inclusión, reunirnos y coordinarnos, mejorar nuestra formación…
Se ha desvirtuado, además, la figura del docente y su autoridad dentro del sistema educativo, lo que da lugar a que se nos desautorice habitualmente en el ejercicio de nuestro trabajo y a que se generen con cada vez mayor frecuencia situaciones de conflictividad con algunos alumnos y sus familias.
Tres de cada cuatro docentes de Canarias perciben que su trabajo está poco valorado por el resto de la comunidad educativa y por la sociedad en general, y un 94% cree importante que se lleven a cabo acciones que favorezcan esa valoración, según se refleja en la encuesta. Asimismo, un 86,8% piensa que la Consejería de Educación del Gobierno autónomo no está proporcionando los recursos necesarios para garantizar la salud emocional del profesorado. Pese a ello, el 75% del profesorado califica su nivel de satisfacción general con su trabajo con una puntuación superior a 5 en una escala del 1 al 10, y el 45% del total lo hace con un 7 o un 8.
Un aspecto destacado es el de la salud mental del profesorado. En general, los docentes que han respondido a la encuesta estiman que la Administración educativa puede ofrecer más formación relacionada con la gestión emocional, que aporte técnicas y herramientas para afrontar situaciones de tensión en el aula. Existen cursos de este tipo, pero hay muy pocas plazas y se cubren enseguida. Del mismo modo, proponen facilitar el acceso a ayuda psicológica y a asesoramiento jurídico a los docentes que lo necesiten por situaciones relacionadas con su trabajo, simplificando los protocolos que existen actualmente. Y consideran que hay cosas que no se pueden permitir, como que un docente agredido o acosado se vea obligado a continuar dando clase a su agresor.
Respecto a los aspectos que más perjudican el prestigio de la función docente, en las respuestas a la encuesta se destacan, entre otros, la falta de medidas sancionadoras al alumnado y las familias que agreden o insultan a docentes, el excesivo control y cuestionamiento al profesorado por parte de la Administración, las dificultades para ejercer la docencia derivadas del elevado número de alumnos por profesor y de la desproporcionada carga de tareas burocráticas, la insuficiente coordinación entre las familias y el resto de la comunidad educativa, y el desconocimiento del trabajo real que hacemos los docentes.
Existe una gran coincidencia entre los docentes en la necesidad de que se informe y conciencie al alumnado y a sus familias acerca de la importancia de respetar al personal docente y su labor, así como en la exigencia de que la Consejería preste más apoyo al profesorado frente a denuncias infundadas. También es compartida la propuesta de que, mediante charlas informativas, cartelería y otras acciones, se difunda todo el trabajo que hacemos realmente, así como que reconozca y se promueva nuestra condición de autoridad pública en los centros educativos. Asimismo, hay medidas de tipo organizativo que se ven necesarias para mejorar nuestra situación, como dar mayor autonomía y poder de decisión a los claustros de los centros, reducir las ratios alumnado-docente o permitir que las sesiones de evaluación se realicen de forma telemática (como ya sucede con otros órganos educativos), además de fomentar la cultura del esfuerzo en el alumnado.
ANPE Canarias ha presentado ante la Consejería de Educación una solicitud para que la Administración estudie las opiniones reflejadas en la encuesta sobre cómo considera el profesorado que se está valorando su trabajo y las propuestas aportadas por el propio personal docente para mejorar esa valoración, y que, en función de esta información, ponga en marcha acciones que contribuyan a revertir la tendencia actual. Puedes acceder a la solicitud completa aquí.
Necesidad compartida
La necesidad de respaldar y poner en valor la función docente lleva años planteándose por parte de diferentes actores, no solo el profesorado. En este sentido, el Pacto social, político y económico por la educación en Canarias, del que hace apenas unos meses se cumplieron diez años, recogía entre sus acciones promover el desarrollo profesional y el reconocimiento social del profesorado y apoyarlo reforzando su función pedagógica, social y profesional.
Del mismo modo, uno de los últimos informes sobre la realidad educativa de Canarias elaborados por el Consejo Escolar de Canarias propone a la Administración fortalecer la imagen social del profesorado por su labor esencial para favorecer el desarrollo social y económico, garantizar el reconocimiento del valor socioeducativo de la función docente y trabajar para que el profesorado goce de la confianza plena de las familias y del apoyo real y efectivo de las autoridades educativas. Algo que, sin embargo, no se ha plasmado por el momento en medidas concretas y efectivas.
Secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias
