No hay dudas de que la inversión en educación es una de las claves para garantizar el desarrollo social y un futuro próspero para cualquier territorio. En Canarias hay consenso sobre ello, al menos sobre el papel.
En el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado en el Parlamento autonómico en el mes de marzo, se generó una discusión acerca del alcance jurídico de uno de los artículos más mencionados de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, el 72.3. El artículo en cuestión establece lo siguiente:
El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto.
La Ley Canaria de Educación no Universitaria entró en vigor el 1 de septiembre de 2014. En consecuencia, el 1 de septiembre de 2022 venció el plazo fijado para que la inversión educativa alcanzara el equivalente al cinco por ciento del PIB del Archipiélago. Sin embargo, ni se había llegado a ese porcentaje en esa fecha ni se ha logrado desde entonces, sin que haya habido ningún tipo de penalización por este incumplimiento.
Los hechos, por tanto, se imponen a los debates jurídicos. Ante esta realidad, lo verdaderamente importante es que exista un compromiso firme de incrementar los recursos destinados a la enseñanza para alcanzar el 5% del PIB. Este objetivo es compartido por el conjunto de la comunidad educativa y por todas las fuerzas políticas, por lo que deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para cumplirlo.
En todo caso, la vinculación al producto interior bruto es una referencia importante, pero no es necesariamente la única ni es suficiente por sí sola, al ser muy dependiente de las coyunturas económicas. Un descenso del PIB, por ejemplo, podría permitir que se llegara al 5% en Educación sin que se incremente la inversión.
Precisamente por ello, el Gobierno de Canarias debe utilizar también otros indicadores más estables, como la inversión por estudiante, con el fin de garantizar una financiación educativa que permita reducir los déficits históricos de la enseñanza pública de las Islas respecto a otros territorios.
Lo que debe quedar claro es la necesidad de incrementar considerablemente la inversión educativa en lo que resta de legislatura. Es la única forma de afrontar retos como la reducción de ratios anunciada recientemente por el consejero, las actuaciones contempladas en el nuevo plan de infraestructuras educativas, la extensión de la enseñanza de 0 a 3 años en centros públicos de la Consejería o la adecuada implantación de la modalidad dual en Formación Profesional.
