Desde principios del presente curso está vigente el Protocolo de intervención ante riesgo suicida para las instituciones educativas de Canarias, elaborado por la Consejería de Sanidad en colaboración con las consejerías de Educación y Bienestar Social. El documento pretende constituir un marco de referencia para la actuación ante situaciones de riesgo de suicidio en los centros escolares de nuestra Comunidad Autónoma.
Es importante contar con un protocolo para este tipo de casos y, en general, prestar más atención a la salud mental, tanto del alumnado como del profesorado. Sin embargo, el texto vigente es muy mejorable. Uno de sus grandes problemas es que no se negoció con la representación del profesorado. Si se hubiera hecho, seguramente tendríamos un protocolo menos engorroso, más sencillo de aplicar y más adaptado a las particularidades de los centros educativos.
ANPE Canarias realizó una encuesta sobre el documento entre docentes de un centenar de centros educativos de la Comunidad Autónoma. En las respuestas se reflejan importantes deficiencias del texto. El 80% de los docentes que respondieron a nuestro cuestionario considera necesaria la existencia de un protocolo sobre este tema; sin embargo, solo el 20% opina que el actual es claro y fácil de aplicar.
Para empezar, el protocolo atribuye al personal docente funciones y responsabilidades que no le corresponden y que incluso invaden el ámbito de los profesionales sanitarios. Además, es un documento excesivamente complejo, con instrucciones algo confusas, anexos demasiado extensos y tiempos poco realistas.
Es fundamental que no se haga recaer ningún tipo de culpa o responsabilidad sobre el profesorado. La intervención en casos de riesgo suicida es un asunto muy delicado, que debe ser abordado por especialistas. Los docentes estamos dispuestos a colaborar y a formarnos para afrontar de la mejor manera posible estas situaciones, pero no somos especialistas. Las tareas de valoración y tratamiento deben asignarse a profesionales expertos en salud mental, con el fin de garantizar una intervención adecuada y eficaz.
Desde ANPE Canarias hemos solicitado reiteradamente, tanto en diferentes mesas técnicas como a través de solicitudes registradas en la Consejería, que se retire el protocolo hasta que sea debidamente negociado con los sindicatos docentes. De cara a esta negociación, han de tenerse en cuenta las aportaciones de equipos directivos, especialistas de orientación educativa y del resto del personal docente.
Hay que garantizar la claridad, la eficacia y la aplicabilidad del protocolo, darle mayor peso a los profesionales de la salud mental y prestar al personal docente una formación adecuada y un mayor apoyo institucional.
Seguiremos insistiendo en que el protocolo se lleve cuanto antes a mesa de negociación con la representación del profesorado para efectuar las modificaciones oportunas.
