Este curso se ha vuelto a demostrar que el trabajo sindical serio -exigente pero constructivo y alejado de estridencias- da frutos. Bajo el liderazgo de ANPE, como sindicato más representativo, se ha modificado el Acuerdo para la mejora del sistema público educativo de Canarias (firmado hace apenas tres años) que incluye bajadas de las ratios máximas alumnado/docente a aplicar progresivamente lo largo de los próximos tres cursos en las etapas de infantil, primaria y ESO. Además, se mejoran las ratios de especialistas de orientación educativa, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica, y se asignan refuerzos a los centros con peores resultados en comunicación lingüística y matemáticas. Son avances parciales, pero concretos y tangibles, que permitirán mejorar las condiciones en las que impartimos enseñanza en las Islas.
Hay que recordar que para el presente curso se consiguió también que la Consejería accediera a permitir expresamente las reuniones online de los equipos docentes (excepto la última sesión de evaluación del curso), dejando la decisión sobre la modalidad presencial o a distancia en manos del claustro de cada centro. Esta medida ha facilitado la organización de los equipos educativos, aportándoles mayor flexibilidad y evitando desplazamientos innecesarios.
Asimismo, se ha logrado que la Administración aborde, después de mucha insistencia, la necesidad de implementar medidas que reduzcan la enorme carga de tareas burocráticas que soporta el personal docente. Para cumplir ese objetivo se está trabajando en dos líneas: la implantación de la nueva plataforma informática de gestión educativa Doramas, basada en el sistema andaluz Séneca, y la elaboración de un proyecto de simplificación administrativa y de mejora en la gestión para el que se han tomado como referencia, entre otros documentos, una solicitud con más de 40 medidas concretas presentada por ANPE. Veremos cómo se concreta, pero es un buen punto de partida.
En el lado negativo de la balanza, hay que mencionar el alejamiento de los presupuestos educativos del objetivo de alcanzar el 5% del PIB del Archipiélago, tal como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Es una mala noticia e insistiremos en la necesidad de incrementarlos en los próximos años para afrontar los retos de la enseñanza pública de las Islas y cumplir los compromisos pendientes con el profesorado. Entre estos últimos, destacan diversas medidas retributivas, como el pago de los meses de julio y agosto al profesorado interino con 5 meses y medio trabajados durante el curso, la revisión de los complementos, el establecimiento de otros nuevos y el abono de los sexenios a mes cumplido.
En materia de infraestructuras educativas, las partidas previstas para el nuevo plan estratégico 2024-2035, presentado este año, decrecen respecto al plan anterior, lo que es motivo de preocupación, dadas las necesidades existentes. No obstante, lo cierto es que el plan 2018-2025 tuvo un grado de ejecución muy bajo, por lo que ahora lo prioritario es que se lleven a cabo la totalidad de las actuaciones recogidas en el nuevo documento, poniendo en marcha medidas para evitar que los obstáculos jurídicos impidan o retrasen la ejecución de las obras.
También se echa en falta una mayor implicación de la Administración en la puesta en valor de la labor docente. No puede continuar la tendencia de hacer recaer sobre los hombros del profesorado la responsabilidad de solucionar todos los problemas sociales, como hemos visto este curso con un tema tan delicado como el del riesgo suicida, con un protocolo que nos asigna funciones que deben estar reservadas a profesionales sanitarios. ANPE Canarias ha puesto en marcha la campaña ‘1 docente, 1000 futuros’ para dar a conocer la parte más desconocida de nuestro trabajo y contribuir a dignificar la profesión, pero son las instituciones públicas las que disponen de los recursos para hacer llegar este mensaje a toda la sociedad. En este sentido, varios grupos parlamentarios han presentado una proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado. Aunque esta ya está reconocida en el artículo 124.3 de la LOE vigente, una ley autonómica podría contribuir a reforzarla, siempre que vaya más allá del reconocimiento simbólico y se traduzca en medidas concretas y eficaces de protección y apoyo al personal docente. ANPE está estudiando el texto para mejorarlo y conseguir que cumpla este objetivo.
Son necesarias también determinadas medidas para mejorar la atención a la diversidad del alumnado. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) no para de incrementarse año tras año, pero los recursos para atenderlo no aumentan al mismo ritmo. Es muy conveniente que la disminución de ratios acordadas se complemente con reducciones específicas en función del número de estudiantes con NEAE que haya en cada aula. Por otro lado, esperamos que la actualización de la normativa que regula la atención a la diversidad llegue pronto a buen puerto.
Este curso comenzó con muchos problemas en Formación Profesional a raíz de la implantación generalizada de la modalidad dual en el primer curso de los ciclos formativos, sobre todo por falta de horas lectivas en los horarios del profesorado para funciones imprescindibles. Después de un primer trimestre complicado en el que se llegaron a paralizar las negociaciones con la Consejería, en el segundo trimestre se retomó el diálogo y se lograron acuerdos para mejorar la situación. En cualquier caso, habrá que seguir con atención la aplicación de las medidas para garantizar que se hace de forma adecuada.
Por último, no se puede dejar de mencionar los procesos selectivos este año. Teniendo en cuenta los resultados del concurso de méritos de estabilización, es fundamental que la convocatoria de oposiciones no perjudique al profesorado interino que ya está trabajando en centros públicos de Canarias y que tiene cierta experiencia. En términos generales, el número de plazas ofertadas se ajusta a este requerimiento, pero es necesario que la Consejería tome las medidas necesarias para que todo el personal docente que se encuentre en esa situación continúe impartiendo clases en la enseñanza pública de las Islas.
