Este curso se completa la implantación de la LOMLOE en el sistema educativo. En 2022-2023 se introdujeron en los cursos impares de primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos las novedades correspondientes al currículo, la organización y los objetivos, y este año se ha hecho en los cursos pares.
Más allá de los contenidos concretos, el gran problema de esta reforma de la Ley Orgánica de Educación ha sido su aprobación sin diálogo ni consenso, y su despliegue precipitado. No se suscitó el debate pertinente ni se buscó el acuerdo necesario para hacer de la LOMLOE una ley estable, duradera y efectiva. La sucesión de leyes educativas con cada cambio de color político en el gobierno hace muy difícil mejorar la calidad de la enseñanza y motivar al profesorado. Desde el colectivo docente vemos con frustración cómo se desaprovecha el esfuerzo que realizamos para ajustarnos a la ley, pues esta cambia cada pocos años.
El curso pasado comenzó con gran incertidumbre para el profesorado, ya que no se nos proporcionó la información ni la formación suficientes para adaptarnos a la norma. Algunos de los nuevos currículos no se aprobaron hasta la segunda mitad del curso, con lo que en muchos casos no conocíamos con certeza los aprendizajes que se debían proponer al alumnado. Desde ANPE Canarias nos vimos obligados a programar sesiones formativas sobre la aplicación de la ley, en las que participaron más de 1.500 docentes, llenando en la medida de nuestras posibilidades el vacío dejado por la Administración. Finalmente, fueron la profesionalidad y el esfuerzo del profesorado los que permitieron salvar la situación y llevar adelante el curso.
En este segundo curso, la situación ha mejorado, pero aún continúa habiendo desconocimiento de muchos de los nuevos aspectos curriculares entre el personal docente. Se echa de menos un mayor apoyo y acompañamiento por parte de las administraciones educativas.
Un elemento que condiciona la correcta aplicación de la LOMLOE es la tardanza en publicarse la orden por la que se regulan en Canarias la evaluación y la promoción del alumnado de infantil, primaria, ESO y Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes. No se hizo hasta que prácticamente había finalizado el pasado curso. Se trata de una norma compleja, con numerosas implicaciones burocráticas, que necesita estudiarse con detenimiento y con un margen de tiempo del que no hemos dispuesto.
Otra cuestión que ha generado inquietud es la EBAU. El Gobierno central paralizó el decreto que iba a establecer las nuevas bases, con lo que este año no habrá una prueba nueva en su totalidad, pero sí se tendrán que introducir cambios, dado que con la LOMLOE los contenidos han variado. Sin embargo, más de un mes después de comenzar el curso, la orden que ha de determinar las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad seguía sin aprobarse definitivamente.
En definitiva, aunque este curso se ha reducido el nivel de incertidumbre respecto al año pasado, la precipitación en la implantación de la nueva ley sigue ocasionando problemas. No es de recibo que se continúen aprobando leyes educativas sin diálogo, con prisas y sin que se pongan los medios necesarios para aplicarlas de manera adecuada y efectiva.
