Durante el pleno del Consejo Escolar de Canarias celebrado los días 23 y 24 de mayo en la isla de El Hierro, ANPE presentó sus aportaciones al borrador de la Programación General Anual de las Enseñanzas (PGAE) para el curso 2025/2026. En ellas, Víctor González, vicepresidente de ANPE Canarias y María Perera, presidenta de ANPE Las Palmas, ambos representantes del sindicato en el Consejo, pusieron el foco en cuestiones que consideramos prioritarias para mejorar la calidad del sistema educativo canario desde una perspectiva realista y constructiva.
Uno de los ejes de nuestra intervención fue la necesidad de reforzar la atención a la diversidad. Esto pasa por reducir ratios de manera específica en función del número de alumnado con NEAE que haya en cada aula, y también por dotar de más recursos, horas y formación al profesorado para la implementación del diseño universal para el aprendizaje. El DUA implica adaptar todos los contenidos a diferentes formatos, algo que actualmente es inviable en muchos casos. Respecto a la Orientación educativa, advertimos de que el personal especialista sufre una considerable saturación de tareas. Es una buena noticia que recientemente se haya acordado una mejora de sus ratios, pero, además, se debe actualizar la normativa que le afecta, especificar mejor sus funciones y la dedicación horaria a cada una, y simplificar sus labores burocráticas.
Respecto al protocolo de intervención ante riesgo suicida, reiteramos que atribuye al profesorado tareas que no le corresponden y que deben ser asumidas por profesionales sanitarios. Pedimos una coordinación efectiva entre Sanidad y Educación para conformar equipos especializados en cada isla que puedan intervenir con inmediatez en los centros ante cualquier caso de riesgo. El papel del docente debe ser el de detección y acompañamiento, nunca de evaluación clínica.
Por otro lado, propusimos medidas concretas para mejorar la atención al personal docente que ha sido víctima de agresiones, tanto en el plano jurídico como en el psicológico. El procedimiento actual es lento y poco accesible, como venimos denunciando. Reclamamos su simplificación y la creación de líneas telefónicas provinciales específicas, operativas y con personal formado para dar una respuesta ágil y eficaz.
Otro aspecto que consideramos crítico es el deficiente funcionamiento de las plataformas digitales utilizadas por la Consejería. La caída constante de las aplicaciones no solo entorpece la labor diaria del profesorado, sino que genera frustración y pérdida de tiempo, especialmente durante los plazos de los procedimientos. Es imprescindible que se efectúen mejoras en la infraestructura técnica y una inversión sostenida que garantice su estabilidad y eficacia.
También insistimos, entre otras cuestiones, en la necesidad de actualizar la normativa que regula la Inspección Educativa en Canarias. Esta debe orientarse menos hacia el control burocrático y más hacia un acompañamiento pedagógico y técnico a los centros. Para ello, es fundamental mejorar las condiciones laborales del personal inspector, incrementar su número y reducir sus zonas de actuación, permitiéndoles un trabajo más cercano y efectivo.
