La Consejería de Educación ha manifestado su intención de efectuar modificaciones en el modelo de los Colectivos de Escuelas Rurales (CER). Es un asunto delicado, porque corremos el riesgo de que se pierda su idiosincrasia y sus ventajas. Es necesario proteger un modelo que funciona y no cambiarlo por otros que no están adaptados a nuestro Archipiélago.
En concreto, sería un error imitar la filosofía de los centros más grandes, especialmente cuando esto supone en la práctica la pérdida de autonomía y de puestos de trabajo. En este sentido, resulta primordial que las escuelas unitarias continúen funcionando en la práctica -no solo nominalmente- como centros educativos propios, y no como meras aulas de un CER.
Igualmente, sería inadecuado seguir el modelo de los centros mayores ubicando la sede del CER en la escuela unitaria que tenga mayor cantidad de alumnado escolarizado, pues esto supondría atender al tamaño como criterio de relevancia, cuando las escuelas unitarias se distinguen precisamente por ser pequeños y cercanos.
Por ello, desde ANPE Canarias consideramos que cada escuela unitaria debe seguir teniendo su propio director o directora, o una figura similar. De esta forma, entre todos los directores y directoras de las escuelas unitarias de cada CER se podría conformar un equipo directivo de toda la zona. Es un sistema similar al de Cataluña, donde cada zona escolar rural tiene la consideración de centro educativo único, cuyo equipo directivo está integrado por los tres órganos de gobierno unipersonales de la zona y, como mínimo, por la dirección de cada una de las escuelas que la conforman. En cambio, la propuesta de crear una jefatura de escuela unitaria ejercida por el docente no itinerante con mayor dedicación horaria, con la misión de ejercer de enlace entre la unitaria y el CER, desvirtúa la función que hoy desempeñan los directores y directoras.
Del mismo modo, la consideración del CER en su conjunto a la hora de efectuar el cálculo para asignar personal (docente y no docente), conllevaría la pérdida de muchos puestos de trabajo. Si los nombramientos se hacen en función de la suma del alumnado de las escuelas que conforman en CER, el profesorado y el personal resultante será mucho menor que el actual, puesto que cada escuela tiene pocos alumnos. A nuestro juicio, el criterio de asignación de personal de administración y servicios más adecuado es el número de unidades, no el número de alumnos/as.
Por otro lado, la propuesta de que la dotación económica se asigne al CER para que este organice el reparto a las escuelas unitarias se traduciría con mucha probabilidad en una reducción de la asignación. Para evitarlo y potenciar la autonomía propia del modelo actual, cada unitaria debe tener su propia aportación económica.
En conclusión, es preciso mantener el modelo actual de CER y escuelas unitarias, al estar adaptado a las características y a la idiosincrasia de las zonas rurales de Canarias, y llevar a cabo solo los ajustes necesarios para garantizar su continuidad en las mejores condiciones.
