Existe una percepción generalizada en el profesorado de que hoy nuestra labor no está lo suficientemente reconocida ni valorada. Hay muchas razones para ello, que van desde la falta de apoyo en nuestras tareas cotidianas hasta la generalización de prejuicios contra la profesión, pasando por la cada vez más habitual desautorización en nuestro trabajo, las situaciones de conflictividad en los centros y con las familias o un contexto legislativo excesivamente cambiante que genera inestabilidad y desconcierto en la función docente.
Estas realidades desembocan en muchas ocasiones en una sensación de cierto desánimo en buena parte del colectivo docente, acrecentada por el elevado nivel de agotamiento, estrés y ansiedad que sufrimos en nuestra labor diaria.
No es nuestra intención transmitir una visión catastrofista del escenario actual y futuro. Evidentemente, no todo es negativo, pero sin hacer un análisis profundo y honesto de la realidad de la profesión y de las tendencias a las que apunta no podremos encarar con garantías de éxito los desafíos a los que nos enfrentamos.
Vivimos en un mundo en constante transformación y con cada vez más incertidumbres. Lo podemos advertir en todos los ámbitos. La educación, y en especial la enseñanza pública, gracias a su potencial transformador, es y será —en mayor medida si cabe que hasta ahora— una herramienta esencial para adecuarnos a los cambios y conseguir avances en nuestro desarrollo como sociedad.
En ese propósito, el papel del profesorado es absolutamente central, por su capacidad de transmitir conocimientos y valores; de motivar al alumnado en el aprendizaje; de fomentar su curiosidad, su creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico; y de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la sociedad, que se reflejan en las aulas.
Pero esta labor necesita ser respaldada y puesta en valor. Los sistemas educativos más exitosos tienen políticas de apoyo e incentivos al profesorado. Es necesario que la Administración educativa garantice nuestros derechos y condiciones laborales, que nos forme adecuadamente a lo largo de toda nuestra carrera profesional, que nos proteja y respalde en casos de conflictividad y agresiones, que nos descargue de tareas burocráticas, que introduzca en el sistema público nuevos perfiles profesionales que permitan dedicarnos a nuestro verdadero cometido y que afronte los problemas estructurales que arrastra sistema educativo.
También es fundamental que los poderes públicos diseñen una carrera profesional atractiva y un estatuto de la función pública docente que la regule y desarrolle desde el ingreso hasta la jubilación, que potencien la actividad docente como una alternativa laboral atractiva, que implanten políticas y campañas que contribuyan a incrementar el prestigio social de la figura docente y la calidad de la enseñanza pública, que impulsen pactos amplios por la educación que den estabilidad al sistema y nos devuelvan protagonismo pedagógico y didáctico.
El profesorado ha dado continuas muestras de su compromiso con la sociedad. Se trata ahora de asegurar la continuidad de nuestra labor en las mejores condiciones posibles y eliminar obstáculos a su ejercicio implicando al conjunto de la sociedad en la tarea de darle el valor y el reconocimiento que se merece.
