Se dice que en tiempos inciertos hay que apostar por valores seguros. No hay duda de que hoy vivimos tiempos de incertidumbre, y no hay valor más seguro que la enseñanza pública. Es mucho más que un servicio esencial: es un motor de transformación social y la principal herramienta para combatir la desigualdad. Es urgente una apuesta decidida por ella, y eso pasa, entre otras cosas, por dotarla de más recursos.
Pronto comenzará el proceso de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. Las decisiones que se adopten en estos meses marcarán el rumbo de la educación canaria durante todo el próximo año.
Canarias arrastra un déficit histórico de financiación educativa. A pesar del incremento del PIB y de las cuentas autonómicas, las principales necesidades de la enseñanza en las Islas no han sido resueltas. Este año, mientras los presupuestos crecieron un 3,3%, la inversión educativa apenas subió un 2,9%. Esta tendencia nos aleja del umbral mínimo de inversión educativa fijado por la legislación autonómica: el 5% del producto interior bruto.
Es cierto que la vinculación al PIB no es la única referencia posible; sin embargo, es la que está reflejada en la Ley Canaria de Educación y cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y las fuerzas políticas, por lo que el Gobierno y el Parlamento están en la obligación de cumplir con ella.
Desde ANPE Canarias seguimos manifestando que la enseñanza de las Islas necesita recursos para afrontar retos que no admiten demora. Uno de ellos es la reducción de ratios: el acuerdo firmado recientemente precisará de un incremento progresivo de plantillas docentes, y para eso hace falta financiación. De igual forma, se necesitan partidas para extender la enseñanza de 0 a 3 años, potenciar la inclusión educativa, renovar los centros e implantar en las mejores condiciones la FP Dual, entre otros objetivos.
También para mejorar las condiciones laborales del personal docente. Hace años que no se actualizan los complementos por cargos directivos y por otras coordinaciones y funciones. Además, hay muchas funciones que actualmente no se remuneran y que deberían compensarse.
Por otro lado, el procedimiento actual de abono de sexenios es manifiestamente injusto: hay docentes que cumplen sexenio en enero y tienen que esperar hasta comienzos del siguiente año para que les genere derechos económicos, mientras otros lo cumplen en diciembre y se lo reconocen al mes. Para solucionar este agravio, los sexenios deben generar derechos y pagarse de manera automática desde el mes siguiente al de su consolidación.
Por no hablar del abono del verano al personal interino con más de cinco meses y medio trabajados durante el curso, que sigue sin recuperarse quince años después de que se eliminara por la crisis. Lo mismo puede decirse, a escala estatal, de las pagas extraordinarias, que no han vuelto a ser desde entonces verdaderas pagas dobles.
Si de verdad se cree en la educación pública, es el momento de reflejarlo en los presupuestos, que son la principal herramienta con la que cuentan las administraciones públicas para incidir en la sociedad.
