No se insiste lo suficiente en la necesidad de que, tanto en el ámbito político como en la sociedad en general, se considere la financiación educativa no como un gasto, sino como una inversión. Cada euro destinado a la enseñanza pública tiene una altísima tasa de retorno en términos sociales, pero también en términos económicos. Una formación de calidad es clave para que nuestra sociedad y nuestra economía se desarrollen y estén en condiciones de afrontar con garantías de éxito los desafíos de un mundo sometido a múltiples incertidumbres y procesos de cambio.
Aterrizando este principio general en nuestra realidad más inmediata, es esencial que en las próximas cuentas autonómicas lleguemos -o al menos nos acerquemos mucho- al objetivo de dedicar al sistema educativo público, al menos, el equivalente al 5% del producto interior bruto de las Islas, tal como marca la Ley Canaria de Educación, y que se fije además un compromiso mínimo de inversión por alumno.
Con arreglo a la ley, desde 2022 se debía haber llegado al citado umbral mínimo del 5%, lo que quiere decir que en los dos últimos ejercicios se ha incumplido ese mandato. En los últimos años se han producido avances en la financiación educativa que sin duda han sido positivos, pero, en cualquier caso, insuficientes para atender las necesidades y los déficits históricos de la enseñanza pública en Canarias.
El anclaje de la inversión al PIB es, por tanto, un paso necesario. Sin embargo, no basta con él, dado que una bajada de este indicador puede dar lugar al cumplimiento del precepto legal sin que se haya mejorado en términos reales la financiación educativa. Por ello, se requiere también el establecimiento de un compromiso de inversión por alumno que asegure los recursos suficientes al sistema público de enseñanza.
En cuanto al destino de esa financiación, resulta primordial dedicar más recursos a aumentar las plantillas de profesorado y continuar la reducción de ratios alumnado-docente que se ha llevado a cabo los últimos años en determinados niveles, profundizándola y ampliándola al conjunto del sistema. Aminorar el número de alumnos y alumnas por docente es, sin lugar a dudas, una de formas más eficaces de mejorar la atención a la diversidad y la calidad de la enseñanza.
El proceso de elaboración, debate y aprobación de los presupuestos generales de Canarias para el ejercicio 2024 es también la ocasión propicia para saldar una serie de compromisos pendientes que se mantienen con el profesorado. Uno de ellos es el abono del 100% de la paga extraordinaria, o, lo que es lo mismo, que cada paga extra del profesorado sea verdaderamente una doble paga, como la que perciben otros muchos empleados públicos.
Otra deuda en materia retributiva que hay que saldar con el personal docente es el incremento del 5 por ciento en las retribuciones a cargos directivos, una medida que se acordó en 2017, hace ya seis años, y todavía no se ha cumplido. Necesario es el aumento del complemento retributivo por residencia en isla no capitalida (donde el incremento del precio de los alquileres ha sido notable). También es de justicia que se aumenten los complementos por coordinaciones y proyectos, y, por supuesto, que se abonen los dos meses de verano al profesorado interno con más de 5 meses y medio de servicios en el curso.
No debemos olvidarnos tampoco de la importancia que tiene para el buen funcionamiento del sistema que se destine financiación a ampliar los recursos humanos de la Dirección General de Personal de la Consejería en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, así como a las evidentes necesidades que existen en materia de infraestructuras educativas.
