El curso 2025-2026 arrancó en Canarias con reducciones de ratios, una mejora de la dotación de algunos especialistas (AL, PT y Orientación, fundamentalmente) y un aumento moderado de las plantillas. Estas medidas son fruto del acuerdo alcanzado a finales del curso pasado con la Consejería y continuarán desplegándose progresivamente a lo largo de los dos próximos cursos.
Desde ANPE, como organización mayoritaria, hemos desempeñado un papel clave en este acuerdo, basado en buena medida en nuestro plan de disminución de ratios. En cualquier caso, debemos ser también críticos: lo acordado no es suficiente para cubrir las necesidades de nuestro sistema educativo y ha de ser entendido como un punto de partida.
En los tribunales hemos conseguido también victorias importantes. Es el caso del reconocimiento del derecho del personal interino del antiguo cuerpo de Profesores Técnicos de FP a percibir las mismas retribuciones económicas que sus compañeros funcionarios de carrera integrados en el cuerpo de Secundaria, con efectos retroactivos desde el 19 de enero de 2021 e intereses. Nuestros servicios jurídicos han conseguido también que se reconozca el derecho de un interino a que se le cuente el período de vacaciones como experiencia a efectos de listas y cómputo de servicios.
A pesar de los avances, el sistema educativo canario afronta importantes retos que requieren un compromiso firme y una inversión sostenida. Lamentablemente, los presupuestos autonómicos para 2026 se quedan muy cortos en este sentido y apenas
suponen un avance en el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa,
tal y como establece la ley.
El desafío más urgente es la atención a la diversidad: el alumnado con NEAE continúa aumentando, pero los recursos no crecen al mismo ritmo. Faltan especialistas, medidas
adicionales de reducción de ratios y programas de apoyo para alumnado no hispanohablante. Desde ANPE hemos presentado un plan con 90 medidas para avanzar hacia una inclusión real, a la espera de respuesta.
Otro elemento clave es la puesta en valor de la función docente y la mejora de nuestras condiciones laborales. Igualmente, es prioritario avanzar en la estabilidad del profesorado, cuya tasa de interinidad supera el 30%, y asegurar que quienes acumulan
experiencia en Canarias puedan mantener sus puestos de trabajo.
La reducción de la burocracia debe traducirse en mejoras reales. Velaremos para que la nueva plataforma Doramas y el plan de simplificación administrativa se desplieguen de forma eficaz. Persisten, además, grandes necesidades en infraestructuras y climatización
de centros. La implantación y consolidación de la FP dual también requiere atención: ha habido avances, pero quedan aspectos que mejorar. Del mismo modo, ha de replantearse el protocolo de riesgo suicida, que continúa asignando al profesorado funciones sanitarias.
En 2026, la Administración autonómica y también la estatal deben responder con hechos a estos desafíos y situar la educación en el centro de sus prioridades.
Secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias
