El Defensor del Profesor, servicio que prestamos en ANPE Canarias desde hace diecisiete años para atender al personal docente víctima de situaciones de conflictividad en los centros educativos, recoge en su última memoria un nuevo incremento de incidentes. Durante el curso 2024-2025, atendimos a 171 docentes afectados por casos de agresiones, amenazas, presiones o dificultades graves para el ejercicio de la docencia, la cifra más alta desde la creación del servicio y el quinto aumento anual consecutivo.
Aunque estos datos no responden a una realidad generalizada, confirman una tendencia preocupante. Estamos viendo cómo la conflictividad escolar crece año tras año, y cómo estos incidentes son cada vez más complejos y tienen un impacto mayor en el profesorado.
La etapa de secundaria es la que mayor número de casos concentra. Los incidentes contabilizados en secundaria vuelven a crecer, al pasar de 91 en el curso 2023-2024 a 94 en 2024-2025, y suponen más de la mitad del número total de casos atendidos por el servicio. Sin embargo, el mayor repunte del curso pasado se dio en primaria, donde los incidentes denunciados crecieron de 38 a 45 (+18,4%).
La mayor parte de los casos comunicados están relacionados con el alumnado. Las agresiones entre alumnos aumentaron de 21 a 25; las agresiones de alumnos a docentes, de 16 a 19; y los casos de ciberacoso, de 21 a 22. Las dificultades para dar clase por la actitud del alumnado continúan siendo el problema más frecuente (83 casos), seguido de las amenazas y las faltas de respeto de alumnos a docentes (66 y 53, respectivamente).
Los problemas relacionados con las familias aumentan significativamente, al pasar de 41 a 51 casos (+24,4%). Entre ellos, crecen las denuncias (de 27 a 31) y las acusaciones carentes de fundamento (de 18 a 26) a docentes. Juntas, suponen más de la mitad de los problemas registrados con las familias. También se incrementan las presiones para modificar notas (de 16 a 19), las faltas de respeto (de 13 a 16) y las agresiones físicas a docentes (de 3 a 4).
La memoria refleja también un aumento muy relevante de los problemas de ansiedad y depresión asociados a incidentes con el alumnado y sus familias. 87 de los docentes afectados por esas situaciones sufrieron cuadros de ansiedad (frente a los 80 del curso anterior), 26 padecieron depresión (frente a 14 en 2023-2024) y a 45 se les tuvo que expedir parte de baja médica por otras causas asociadas a los incidentes (el curso precedente habían sido 32). Así, más del 50% de los/as docentes que denunciaron situaciones de conflictividad padeció ansiedad, alrededor de un 15% sufrió depresión y un 26% se vio obligado a coger la baja por otras causas de salud vinculadas. En este sentido, debemos insistir en la reivindicación de que se reconozcan como enfermedades profesionales las relacionadas con la salud mental derivadas del ejercicio de la docencia.
La tendencia al alza de los casos de conflictividad responde a factores diversos y complejos. Muchos de ellos no tienen que ver directamente con el sistema educativo, sino con los cambios que se han ido produciendo en la sociedad. La creciente diversidad del alumnado es, sin duda, un valor, pero también un reto que, si no se atiende adecuadamente, dificulta el progreso académico y da lugar a situaciones que acaban afectando al clima en el aula y al bienestar emocional del alumnado y del profesorado. No basta con que las leyes educativas establezcan normas para atender a la diversidad y propiciar la inclusión real del alumnado; hacen falta medios y recursos que hagan efectivas estas normas y que eviten que sean simplemente una carga más para el profesorado. Reducir el número de alumnos y de alumnas por docente, por ejemplo, es clave para favorecer la mejora del clima en las aulas y en los centros. En este sentido, el acuerdo firmado entre la Consejería y los sindicatos para disminuir las ratios en infantil, primaria y ESO es un paso en la dirección correcta, pero hace falta más. Es necesario, entre otras cosas, que se tenga en cuenta el número de alumnos y alumnas con NEAE a la hora de determinar las ratios de cada aula.
Resulta fundamental también reducir la sobrecarga burocrática, que aleja al docente de su misión fundamental: la enseñanza. Al mismo tiempo, la acumulación de labores administrativas le resta tiempo para la gestión de la convivencia. El personal especialista de orientación educativa es clave para la mejora del clima en las aulas, pero actualmente sufre en su día a día una saturación de tareas que impide que su trabajo sea aprovechado suficientemente. Se da también una falta importante de auxiliares educativos en los centros, una figura clave para la integración del alumnado, para el desarrollo de sus relaciones afectivas y de socialización, y para el apoyo a quienes requieren una atención más individualizada.
Todos estos elementos suponen factores adicionales de estrés para el profesorado y repercuten negativamente en su motivación, ya de por sí mermada a causa del escaso reconocimiento institucional y social a nuestra labor y de la pérdida de poder adquisitivo que hemos ido sufriendo a lo largo de los últimos quince años. Es fundamental que la Administración articule medidas para poner en valor la función desarrollada por el profesorado y para que este tenga unas condiciones laborales y unas retribuciones acordes a la importancia de su función social.
Del mismo modo, se hace necesario habilitar mecanismos para mejorar la coordinación con las familias. Con canales más fluidos, las familias tendrían una concepción del trabajo docente más ajustada a la realidad y disminuiría la presión sobre el profesorado. En cuanto a las herramientas con los que cuenta el personal docente para afrontar casos de conflictividad, insistimos una vez más en que la Consejería debe simplificar los protocolos existentes para facilitar el acceso a ayuda psicológica y asesoramiento jurídico.
