El presente curso escolar, 2024-2025, es clave para determinar el éxito o el fracaso de las políticas de la actual Administración educativa autonómica. Ya ha pasado más de un año desde que el equipo de Poli Suárez se puso al frente de Educación y, por experiencia, lo que se hace en el segundo curso de la legislatura marca de forma muy importante su desarrollo.
Es fundamental que se aborden de manera decidida y cuanto antes los principales problemas que afectan al profesorado y a la enseñanza pública del Archipiélago, empezando por las altas ratios. Canarias está entre las comunidades con mayor número de estudiantes por docente, algo que se refleja en los resultados educativos. Las medidas que se han aplicado de cara a este curso son aún muy insuficientes, por lo que debe negociarse a lo largo de este curso un plan plurianual para disminuir las ratios en todas las etapas y niveles.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la enseñanza pública del Archipiélago es lograr una inclusión real de todo el alumnado. En los últimos años ha aumentado significativamente la proporción de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, a lo que hay que añadir factores como el incremento de alumnado no hispanohablante o no adaptado a nuestro sistema educativo, especialmente en algunas zonas de las Islas. Para atender adecuadamente estas situaciones hacen falta menos estudiantes por aula y también más recursos, lo que se tiene que ver reflejado en los presupuestos educativos.
La Administración debe también incrementar los esfuerzos en mejorar la valoración de la función docente y en resolver las carencias históricas en infraestructuras educativas, así como atender seriamente al problema de la excesiva y creciente carga burocrática que se hace recaer en el profesorado y que dificulta nuestra labor docente. Esta última es una de las grandes asignaturas pendientes, pues hasta ahora apenas se había tratado en las mesas de negociación, pese a la insistencia de ANPE. Este curso, por fin, se ha empezado a abordar. Es esencial que, como primer paso, se cuantifiquen en horas todas las labores de tipo administrativo asignadas al profesorado, con el fin de situar la cuestión en sus justos términos.
Capítulo aparte merece la situación de la Formación Profesional y la manera en que se ha implantado de forma generalizada el primer curso la FP Dual en los centros públicos de Canarias. Este asunto es objeto de un artículo específico en este número de nuestra revista.
En relación con el profesorado interino, ha de garantizarse la continuidad laboral de todos aquellos docentes con experiencia en centros públicos de las Islas. Esto es viable, ya que tras la resolución de los procesos de estabilización seguirá habiendo un elevado número de vacantes y continuarán produciéndose jubilaciones a un ritmo muy alto. De cara al futuro, es necesario buscar un sistema que garantice la estabilidad del profesorado interino dentro de la legalidad.