MUFACE es una pieza clave del modelo sanitario español. Su sistema de colaboración público- privada garantiza la atención sanitaria a más de 1,5 millones de beneficiarios, permitiendo que elijan entre la sanidad pública o las entidades privadas concertadas. Aproximadamente el 62% de los mutualistas son docentes de la enseñanza pública no universitaria, por lo que constituimos, con mucha diferencia, el colectivo más numeroso.
En esta parte final del año 2024 se ha producido un hecho anómalo. La falta de acuerdo entre la mutualidad y las aseguradoras privadas ha conducido al fracaso de la licitación del nuevo concierto, de asistencia sanitaria, previsto en principio para los años 2025 y 2026. Desde ANPE hemos exigido al Gobierno que se fije como prioridad sacar adelante una nueva licitación que permita dar continuidad y estabilidad al sistema mediante el que se ofrece cobertura de salud a algo más de un millón de empleados públicos y a cerca de 500.000 beneficiarios no titulares.
Todas las partes han de actuar con responsabilidad para que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio que termine con la incertidumbre que se ha instalado en el funcionariado. Es fundamental que los servicios médicos ofertados no se sigan viendo mermados, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sino que, por el contrario, se mejoren las prestaciones a los mutualistas y demás beneficiarios. MUFACE, por su parte, ha asegurado que “garantiza” que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas “hasta que haya un nuevo concierto”.
Como primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, ANPE ha tratado directamente este asunto con la ministra y el secretario de Estado de Educación, se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Función pública para instarle a que se haga un esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio y ha tratado el asunto con diputados nacionales, consejeros autonómicos y otros responsables políticos.
La no renovación del concierto sanitario generaría una serie de consecuencias de gran magnitud, como el posible colapso del sistema público de salud por la transferencia masiva de beneficiarios de MUFACE cubiertos hasta ahora por aseguradoras privadas; el aumento de las listas de espera para diagnósticos, tratamientos y cirugías; el deterioro de la calidad asistencial y un fuerte impacto para las administraciones autonómicas.
ANPE ha unido fuerzas con otros ocho sindicatos (CCOO, UGT, ADIDE, USIE, UFP, SUP, ACAIP y SIAT) para exigir que se concrete lo antes posible un acuerdo que garantice la asistencia y la calidad sanitaria al funcionariado y al colectivo docente. Fruto de ello han sido las concentraciones llevadas a cabo el día 11 de diciembre en todo el país, incluyendo las celebradas en las dos capitales canarias.
Es imprescindible preservar el modelo de MUFACE, que equilibra la carga asistencial y asegura una atención sanitaria de calidad no solo para sus beneficiarios, sino también, de manera indirecta, para el resto de la población.
