La Junta de Personal Docente No Universitario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se reunió el pasado 24 de noviembre en sesión plenaria y aprobó una serie de resoluciones de interés para el profesorado de la enseñanza pública de las Islas.
En primer lugar, la Junta reclama diversas mejoras retributivas para el profesorado: actualización de complementos, incorporación de otros nuevos, incremento de las retribuciones a cargos directivos, abono de los sexenios a mes cumplido, pagas extras equivalentes al 100% de las ordinarias, y pago de los meses de verano al personal docente interino que trabaje al menos cinco meses y medio a lo largo del curso. Dentro también del ámbito presupuestario, ha exigido que se cumpla por fin el mandato legal de destinar a inversión educativa el 5% del PIB del Archipiélago.
En otra de las resoluciones, se insta a la Consejería a estudiar, junto a la representación sindical, alternativas para que el personal docente interino con ciertos años de antigüedad que no obtenga plaza en los procesos de estabilización pueda seguir desarrollando su labor en centros públicos de Canarias, así como a mantener informada a la Junta de Personal de todas las decisiones que afecten a la estabilidad del profesorado interino.
El Acuerdo para la mejora del sistema educativo de Canarias firmado hace un año y medio entre los sindicatos y la Administración educativa deja en manos de la comisión de seguimiento del propio acuerdo el estudio de la viabilidad de un calendario plurianual de reducción de las ratios alumnado-docente. El Pleno de la Junta ha pedido la activación de la comisión para abordar, entre otros, ese asunto.
Igualmente, el órgano provincial de representación del profesorado considera importante que se simplifique el procedimiento de asignación de asistencia letrada y psicológica a docentes agredidos, que actualmente es engorroso y poco eficaz. Para ello, propone la habilitación de un servicio telefónico, con un número y una persona responsable de su atención para cada provincia, que facilite y agilice la asistencia.
A la Junta le preocupa, asimismo, la posible afección al profesorado interino de la disposición legal que establece que el personal interino nombrado a partir del 30 de diciembre de 2021 solo podrá ocupar plazas vacantes por un máximo de 3 años. En ese sentido, pide un compromiso por escrito de que ese precepto no se va aplicar al personal docente, que suponga una garantía mayor que el compromiso verbal expresado por responsables de la Consejería.
Por otro lado, desde la Junta de Personal se insiste en la necesidad de que se asegure la presencia de psicólogos clínicos y otros especialistas en los centros para el apoyo en la docencia al alumnado con discapacidad, trastornos de conducta u otras necesidades específicas de apoyo educativo, así como de que se incremente el número de auxiliares educativos para atender a ese alumnado.
Tampoco obvia el órgano la situación de las infraestructuras educativas y la excesiva burocracia docente. Respecto al primer punto, reclama soluciones integrales frente a las altas temperaturas y frente a la masificación que se da en muchos centros, así como medidas para avanzar hacia la autosuficiencia energética de los centros educativos. En cuanto al segundo, insiste en la necesidad de reducir la carga burocrática del profesorado para que nos podamos centrar en nuestra labor docente.
