El pasado verano se produjo un relevo político en la Consejería de Educación a raíz de las elecciones autonómicas. Recibimos al nuevo equipo, encabezado por Poli Suárez, con la misma disposición a trabajar conjuntamente por la enseñanza pública de las Islas que mostramos a todos los responsables anteriores, tal y como corresponde a un sindicato profesional e independiente como ANPE Canarias.
En agosto, una representación de ANPE Canarias conformada por nuestro presidente autonómico, Pedro Crespo, y nuestros presidentes provinciales, María Perera (Las Palmas) y Víctor González (Santa Cruz de Tenerife), tuvo la ocasión de reunirse con Suárez y todo su equipo para trasladarle asuntos que deben estar entre los prioritarios en esta nueva etapa.
Les expresamos nuestra disposición a colaborar desde la base del diálogo y el respeto mutuo, pero también desde la exigencia. Asimismo, pedimos que el buen talante mostrado se tradujera en un calendario de negociaciones sustancioso y ambicioso sobre los retos pendientes del sector educativo.
ANPE Canarias valora el compromiso de Suárez de continuar disminuyendo las ratios en el curso 2024-2025, lo que supondría dar un paso más respecto al acuerdo alcanzado en 2022 entre los sindicatos y el anterior equipo de la Consejería. Le recordamos que hay niveles en los que en estos últimos años no se han rebajado, por lo que resulta prioritario incidir en ellos. En cuanto a la financiación educativa, recalcamos que el umbral mínimo del 5% del PIB de las Islas fijado por la Ley Canaria de Educación, que debía haberse alcanzado en 2022, es un objetivo irrenunciable, e instamos a la Administración a despejar cualquier atisbo de duda que se hubiera podido generar al respecto.
De igual forma, señalamos al consejero la necesidad de que se reduzca el desproporcionado número de tareas administrativas que se nos impone al profesorado y que dificulta la labor docente. Sobre este punto, hicimos entrega de un paquete de medidas elaboradas a partir de la encuesta que realizamos a finales del curso pasado entre el colectivo docente, muchas de las cuales no comportan coste económico para la Administración.
Una parte del encuentro se centró en cuestiones que afectan al profesorado interino. Exigimos que la actuación de la Consejería respecto a los procesos de estabilización en marcha no perjudique los intereses de quienes ya están trabajando en centros de las Islas, y que, en todo caso, se busquen alternativas para que quien no logre obtener plaza no pierda su puesto de trabajo. Asimismo, reclamamos que se abonen los meses de verano al profesorado que preste servicios durante al menos 5 meses y medio a lo largo del curso.
Por otro lado, apremiamos al consejero a impulsar medidas que garanticen la oferta de plazas en las universidades públicas canarias para acceder al máster que permite impartir docencia en secundaria, dada la escasez actual y los desorbitados precios de los centros privados. Solicitamos también la mejora de las aplicaciones informáticas con las que tiene que lidiar el profesorado, que en muchos casos están obsoletas y generan constantes fallos. Igualmente, pusimos sobre la mesa una propuesta de convenio colectivo para todo el profesorado de religión de Canarias, así como mejoras en la orden que regula su relación laboral con la Consejería en el caso de secundaria.
