ANPE Canarias emprendió en el primer trimestre de este curso una ronda de reuniones con los distintos grupos políticos del Parlamento de Canarias con el objetivo de trasladarles las principales demandas del personal docente de cara a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2026, así como otras necesidades de la enseñanza pública de las Islas.
Durante los encuentros, insistimos en que Canarias está ante una oportunidad idónea para garantizar que las necesidades de la educación pública se reflejen en las cuentas autonómicas. El contexto macroeconómico es favorable: la recaudación ha crecido, se prevé un crecimiento del PIB canario cercano al 3,5% y el límite de gasto de la Comunidad Autónoma se incrementará en más de 500 millones. Es el momento de apostar de manera decidida por la educación pública.
Entre las demandas trasladadas a los grupos parlamentarios, destaca la necesidad de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa, así como de establecer un gasto mínimo por estudiante, con el fin de consolidar y extender las medidas acordadas el curso pasado sobre reducción de ratios y refuerzo de plantillas, así como de atender otras necesidades del sistema educativo en las Islas.
Sin una financiación suficiente, las mejoras negociadas corren el riesgo de quedar en medidas puntuales que no generen un impacto sostenido. Además, hacen falta más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para ampliar y renovar la red de centros y los equipamientos.
Desde ANPE trasladamos a los grupos políticos que la mejora del sistema educativo pasa también por garantizar la estabilidad del personal docente, ampliar plazas en el máster de formación del profesorado en las universidades públicas y dignificar las condiciones laborales del colectivo. A este respecto, recordamos que el personal docente lleva perdiendo poder adquisitivo desde la crisis de 2008 y que, en el ámbito autonómico, continúan produciéndose graves retrasos en el cobro del complemento por formación permanente (sexenios), los complementos permanecen estancados y se sigue castigando a buena parte del personal docente interino dejándolo sin salario durante los meses de verano.
El proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno autónomo —en el momento de cerrar la edición de este número de la revista de ANPE Canarias las cuentas aún no habían concluido su tramitación parlamentaria— se queda muy corto en cuanto a financiación educativa. El incremento previsto es muy insuficiente, lo que impide avanzar de manera significativa hacia la inversión del 5% del PIB.
Este porcentaje del 5% no es una mera referencia, ni una declaración de intenciones, sino un imperativo legal recogido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que sigue sin cumplirse desde que la disposición entró en vigor, hace ya cuatro años. Un año más, la financiación de nuestra educación pública en el proyecto de presupuestos se mantiene mucho más cerca del 4% que del 5%, cuando el contexto económico ofrecía una gran oportunidad para dar un paso relevante hacia ese compromiso.
Hay que destacar que el incremento porcentual de la inversión educativa es muy similar al del conjunto de las cuentas autonómicas, por lo que el ámbito educativo sigue sin ganar peso relativo en el conjunto de los presupuestos.
Entre las prioridades que requieren una mayor inversión, destaca la necesidad de aumentar las plantillas docentes y reforzar la dotación de especialistas y personal auxiliar, imprescindibles para atender adecuadamente al alumnado y garantizar el correcto funcionamiento de los centros. También es clave mejorar la atención a la diversidad y avanzar en la inclusión educativa, así como ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en los centros educativos públicos, en la que Canarias va rezagada respecto a otras comunidades autónomas.
Asimismo, es urgente invertir más en la renovación de la red de infraestructuras educativas y acelerar las medidas para adaptar los centros a las altas temperaturas, un problema cada vez más acuciante en las aulas del Archipiélago y que ya ha provocado en dos ocasiones la suspensión de la actividad lectiva presencial.
En todo caso, no podemos obviar que el Gobierno del Estado debe implicarse más en la financiación del sistema educativo público en Canarias, de manera especial en aspectos como las infraestructuras, en las que persiste una deuda histórica con las Islas, o la atención al alumnado migrante no acompañado, un reto que va mucho más allá del estricto ámbito de nuestra comunidad autónoma.
